Fiscal

Plusvalía en finca rústica

¿Se aplica la plusvalía a las fincas rústicas?

La conocida como plusvalía municipal es el Impuesto sobre el incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). La plusvalía tiene como finalidad gravar la revalorización de los terrenos urbanos, aunque al igual que en el resto de impuestos, existe una serie de exenciones y bonificaciones que merece la pena conocer antes de llevar a cabo la operación.

La plusvalía municipal no aplica a los terrenos rústicos. Está pensada para los propietarios de inmuebles de carácter urbano en el momento de su venta o transmisión. Las fincas rústicas no están sujetas al impuesto de la plusvalía de acuerdo con la definición del tributo.

La excepción al pago del impuesto de las plusvalías lo tienen la transmisión de las fincas rústicas. Además, también están exentas otra serie de viviendas como las que se encuentran en el casco histórico de las ciudades cumpliendo una serie de condiciones estipuladas por ley. El organismo regulador y recaudador de este impuesto son los ayuntamientos, es por ello que si tienes dudas de cómo está considerada la finca, puedes consultarlo en el ayuntamiento de tu municipio.

En el caso de que te estés planteando o hayas decidido vender o transmitir tu finca rústica, primero debes acudir al Registro de la Propiedad para consultar el estado de tu finca. Allí, has de solicitar una nota informativa, en la que se concretan los datos sobre el propietario, los límites, las cargas, los embargos y las características del terreno. Este documento es el que se ha de entregar al notario. A continuación, es necesario dirigirse al ayuntamiento para obtener información sobre el catastro. Además, también se verificará que la finca está al corriente de pago de los impuestos.

Según la Ley, en una operación de compraventa de una finca urbana (que no rústica), el obligado al pago sería:

  • El adquirente, si se trata de una herencia o donación.
  • El vendedor, si se trata de una compraventa.
  • El comprador, en caso de tratarse de una compraventa en que el transmitente sea un no residente.

Las partes pueden acordar quien debe pagar el impuesto, pero dichos pactos sólo les vinculan a ellos y en caso de impago la Administración reclamará la liquidación a aquellos que por Ley deben afrontar el pago.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *